La reforma a la Ley Eléctrica regresa de nuevo al debate público después de que el presidente López Obrador anunciara a principios de este mes que propondrá una iniciativa para fortalecer la industria eléctrica nacional.

Esta decisión del ejecutivo reaviva la controversia entre los distintos grupos interesados: los empresarios, el gobierno y por sobre todo los usuarios, ya que una de las ventajas que trajo esta reforma a la Ley Eléctrica es que obliga a la CFE a comprar la energía al menor costo a través de subastas, por lo que de aprobarse los cambios que propone el mandatario, la CFE podría comprar a cualquier precio la energía; en primer lugar a centrales hidroeléctricas, en segundo lugar a fuentes contaminantes como el petróleo o gas y en última instancia a energía solar y eólica, incrementando las tarifas a los usuarios.

Esta decisión cierra la puerta a los inversionistas y productores independientes de energía, los cuales han ido incrementando en los últimos años. Según datos de la Comisión Reguladora de Energía, actualmente se cuentan con 210,907 contratos de fuentes generadoras de tipo solar o fotovoltaica, generando 1,539.32 MW en comparación con los 13 contratos que se tienen con la fuente  generadora de diésel o combustóleo las cuales generan 0.072 MW los cuales equivalen al 0.005% de la generación total.

Apostar a las energías renovables no sólo es apostar por el medio ambiente, ya que al permitir la diversificación de la generación eléctrica, las comunidades o la sociedad organizada puede ser propietaria de su propia fuente energética, creando diferentes modelos de negocio que beneficien sobre todo a las comunidades o municipios que opten por este modelo, favoreciendo la derrama económica local y por consecuencia a su bolsillo.