Cerca de 110 proyectos de infraestructura en el país se encuentran en riesgo por conflictos sociales; al menos 54 son del sector energético y 31 son producto de la reforma energética. Las razones más importantes de los conflictos han sido la falta de consulta a las comunidades y los posibles impactos ambientales.
La falta de normatividad secundaria en la reforma energética para realizar las Evaluaciones de Impacto Social (Evis) y la falta de una Ley de Consulta Indígena han generado un vacío legal aprovechado por diversas organizaciones para frenar proyectos, poniendo en riesgo la efectividad de la reforma.
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